Allá por el año 2016, con un grupo de colegas y el apoyo de la Fundación para la Sociedad Abierta, formamos lo que dimos a llamar DATYSOC, el Laboratorio de Datos y Sociedad. Se trataba de un equipo interdisciplinario de profesionales interesados en promover un marco de referencia sobre la situación de los derechos humanos en la era digital en Uruguay. Nos propusimos mover el escenario de estudios sobre tecnología y ciencias sociales en el medio local, y en mayor o menor medida lo logramos.
Este informe nació en ese marco y se desarrolló durante aquél 2016 y comienzos del 2017 a través de una serie de lecturas, entrevistas y eventos sobre el estado de la persecución de delitos informáticos en Uruguay. Percibíamos cómo se acumulaban desde diferentes trincheras propuestas regulatorias y proyectos de ley que intentaban abordar este fenómeno. Ello nos motivó a realizar esta investigación, pretendiendo brindar insumos para entender mejor por qué y cuándo utilizar el derecho penal para acciones vinculadas a la tecnología.
Los caminos académicos y profesionales llevaron a que el informe estuviera durante muchos años acumulando polvo en algún disco duro. Aprovechando el encierro provocado por el COVID-19 es que hoy, tres años después, decidimos hacer públicos sus resultados.
Lejos de ser un trabajo finalizado, podría ser considerado una versión alfa adaptada para reflejar los hallazgos que pueden resultar de utilidad aún cuando ha pasado tanto tiempo. Uno de los problemas identificados en el transcurso del trabajo fue justamente la falta de estudios en nuestro país que tomen perspectiva amplia del fenómeno de la delincuencia informática. Entendemos que la sola promulgación de una ley de delitos no era, ni es, la solución a un problema tan complejo. En este sentido nos propusimos aportar a la discusión a través del mapeo de la situación a nivel nacional y la conceptualización del impacto que pueden tener las normas de delitos informáticos en los derechos humanos.A grandes rasgos, la legislación en este campo se mantiene incambiada lo que hace suponer que podría haber nuevos empujes normativos en cualquier momento. Apostamos a que la publicidad de estas líneas pueda servir de insumo a estudios más profundos y la búsqueda de mejores soluciones que incorporen la óptica de los derechos humanos. Si lo logramos la espera habrá valido la pena y desempolvar un viejo archivo de computadora dará sus frutos.
Fabrizio Scrollini – Matías Jackson
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