Representantes de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, academia, empresas, organismos internacionales y partidos políticos dieron inicio al diálogo para construir acuerdos que sirvan de base para una regulación que garantice la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y adaptada al contexto nacional
El Parlamento uruguayo fue sede del seminario «Desafíos para la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet», primera actividad pública del proyecto «Diálogo multilateral para avanzar hacia la regulación democrática de las grandes plataformas digitales en Uruguay», impulsado por Datysoc y OBSERVACOM con el apoyo de la UNESCO.
El 22 de mayo, el seminario reunió a representantes de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, academia, empresas de Internet y de telecomunicaciones, organismos internacionales y legisladores, con el objetivo de abrir un proceso plural y participativo para construir las bases de una regulación de las plataformas digitales. La actividad contó con el apoyo de la UNESCO, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado.
En la apertura participaron Silvia Nane, senadora del Frente Amplio (oficialismo) y presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología; Rosa González, de la UNESCO; Patricia Díaz, de Datysoc; y Gustavo Gómez, de OBSERVACOM.
Nane destacó la importancia de que existan discusiones que se den en el Parlamento, subrayando la necesidad de que este espacio abra sus puertas y su ámbito de debate a temas que nos atraviesan como sociedad.
Por su parte, González recordó el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a “buscar, recibir e impartir información”. Señaló que, en los entornos digitales actuales, este derecho enfrenta desafíos que cuestionan la capacidad real de ejercerlo de forma plena.
Díaz subrayó que la regulación de las plataformas digitales ha respondido, en general, a una lógica fragmentada y reactiva ante problemas concretos. Planteó que este proceso que se inicia busca aprovechar la coyuntura para elaborar un plan de acción que genere sinergias y permita completar dos productos clave: primero, entender dónde estamos y mapear los intereses en juego; y segundo, traducir esos insumos en propuestas normativas adaptadas al contexto local.
Gómez, por su parte, destacó que Uruguay ha iniciado un proceso con un objetivo ambicioso: recuperar una Internet libre y abierta. Subrayó la necesidad de acordar nuevos marcos normativos que garanticen la protección de los derechos de los usuarios de redes sociales, en especial la libertad de expresión. Remarcó que este desafío debe abordarse tanto frente al Estado como ante las grandes plataformas digitales.
Durante el evento se presentaron el informe «Estado de situación de la regulación de las plataformas digitales en Uruguay» —elaborado por Datysoc y OBSERVACOM con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO— y las Directrices de la UNESCO para la Gobernanza de las Plataformas Digitales. Ambos documentos son insumos clave para el debate.
Las Directrices fueron presentadas por Rosa González, de la UNESCO, quien destacó que este documento, elaborado tras un proceso de consulta con diversos actores, busca salvaguardar los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información y a los derechos humanos en los entornos digitales. Además, subrayó que UNESCO propone un sistema de gobernanza que respete estos derechos y contribuya a mitigar riesgos, promoviendo un modelo digital centrado en las personas y no exclusivamente en los modelos de negocio.
Matías Jackson, de Datysoc, presentó el informe del estado de situación, que sistematiza los principales hitos normativos y proyectos de ley nacionales aplicables a las plataformas de Internet, e incluye un análisis sobre cómo se aborda la gobernanza de estas plataformas en el plano internacional. Destacó que la normativa uruguaya está fragmentada y que, en muchos casos, no está adaptada a los desafíos que plantean las grandes plataformas digitales ni cumple con estándares internacionales de derechos humanos. Remarcó, a su vez, que el hecho de que muchas plataformas no estén radicadas en Uruguay deja a las personas usuarias en situación de vulnerabilidad al intentar ejercer sus derechos o presentar reclamos.
El programa también incluyó un panel con especialistas de distintos sectores relacionados con el tema, quienes analizaron los desafíos regulatorios y expusieron sus puntos de vista al respecto. Participaron Daniel Mordecki (Agesic), Andrés Danza (Búsqueda), Raúl Echeberría (Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI), Evelin Heidel (Wikimedistas de Uruguay), Pablo García de Castro (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET), Diego Garazzi (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y Sociedad Interamericana de Prensa), Fabián Werner (CAinfo) y Bárbara Muracciole (experta en derecho en Internet).
La última mesa reunió a legisladores de los principales partidos con representación parlamentaria: Silvia Nane (Frente Amplio), Rodrigo Goñi Reyes (Partido Nacional) y Matías Duque Barreto (Partido Colorado). Los legisladores, más allá de sus diferencias, acordaron en la relevancia que tiene la regulación de las plataformas para proteger los derechos humanos y promover las oportunidades del entorno digital.
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