Ayer fuimos al Parlamento para dar nuestra opinión sobre el Proyecto Ley “Generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral”. Aunque compartimos la preocupación sobre los fenómenos de desinformación en contexto electoral, no estamos de acuerdo con solucionar este tipo de problemas por la vía penal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el uso del derecho penal como respuesta a abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión es una respuesta esencialmente desproporcionada y existen sentencias de la Corte Interamericana que lo respaldan.
La criminalización de la desinformación produce efectos paralizantes del discurso público y genera más problemas que soluciones. Además, estas medidas generan incentivos para que las plataformas digitales, ante la amenaza de responsabilidad, censuren contenidos (inclusive periodísticos) sin las garantías del debido proceso.
La mayoría de las situaciones que intenta abarcar este proyecto están cubiertas por otras figuras penales como las de difamación, injurias o estafa. O a través de denuncias por la vía civil o ante la URCDP, por el uso datos personales como la imagen propia o el registro de voz.
A su vez, la creación de contenido materialmente engañoso, como por ejemplo, utilizar IA generativa para hacer hablar a personas famosas o de alto perfil, es la forma más burda o menos sutil de desinformación, además resulta fácil de detectar e inclusive de probar. Más allá de la creación de contenido materialmente falso o engañoso, existen muchos otros tipos de desórdenes informativos y varios de ellos pueden causar muchos daños. Por ejemplo: 1) la contratación de los servicios de las grandes plataformas para difundir información electoral microdirigida y basada en el perfil y posibles intereses políticos de cada usuario y 2) el uso de bots para amplificar propaganda a favor o en contra de un partido/candidato.
Este proyecto, no solo implica riesgos para la libertad de expresión, sino que se queda muy corto en su afán por solucionar el problema de la desinformación en el contexto electoral. Entendemos que el tema merece ser tratado por el Parlamento de forma holística. Como alternativa al presente proyecto, entendemos que, en vez de optar por la vía penal, es preferible analizar la posibilidad de introducir modificaciones en la normativa electoral, específicamente sobre propaganda electoral en entornos digitales, reforzando sus garantías.
Pudes leer nuestro informe completo aquí:
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