Cuando la mejor intervención no es la más fácil
La preocupación sobre los posibles riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en Internet no es nueva. A lo largo de los años ha sido tema de estudios, libros, documentales, charlas, talleres, programas educativos y, últimamente, está en el foco de la regulación y la política pública. Lo novedoso de estos últimos años es el protagonismo que viene ganando una intervención específica: el establecimiento, por ley, de una edad mínima para acceder a las redes sociales.
Al momento de escribir este texto, este tipo de legislación está ganando impulso en el mundo, no sin controversia, fuertes críticas y oposición social. Australia y algunos estados de Estados Unidos ya establecieron legislación que restringe el acceso a las redes sociales por edad. Varios otros países han anunciado proyectos similares, como Francia, Dinamarca, Reino Unido, España, Portugal, Indonesia y Malasia. En América Latina la discusión ha tenido eco, y ya está comenzando en Uruguay.
En estas líneas queremos argumentar que determinar por ley una edad mínima no es la única opción para abordar los desafíos que plantean las redes sociales para el bienestar de las personas más jóvenes. Y que de todas las opciones, esta es la menos recomendable, porque su justificación es dudosa y los riesgos que conlleva son graves. Los derechos fundamentales de todas las personas, y sobre todo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están en juego.
Por estas razones, nuestra propuesta es cambiar el sujeto y el enfoque: de la prohibición de las redes para menores, a la limitación del modelo de negocios de las grandes plataformas. Todo esto, en paralelo a programas integrales de inclusión digital, educación y salud mental, y siempre en consulta y diálogo con las y los jóvenes.
Una conexión poco clara
El problema de la salud mental de los jóvenes es el que está en la mira de todas las propuestas de control de edad. A pesar de que las personas jóvenes –y todas las personas– pasan más horas conectadas que antes, y a pesar de que ciertos indicadores de salud mental juvenil parecen haber empeorado en los últimos años, la asociación entre estos dos fenómenos no es tan clara.
El tema es objeto de investigación científica a nivel nacional e internacional, pero la evidencia es heterogénea y contradictoria. Revisiones sistemáticas que analizan la investigación reciente, señalan que algunos estudios puntuales encuentran asociaciones entre el uso de redes sociales, o las horas frente a la pantalla, con peores indicadores de salud mental. Sin embargo, otros estudios no encuentran esta asociación, o si la encuentran es muy moderada, así como también hay evidencias de efectos positivos. La conclusión general de revisiones y metaanálisis de la literatura científica, es que todavía la evidencia no es concluyente y que esta área de estudios adolece de muchas inconsistencias, como la falta de una definición unificada de los dos fenómenos en juego: «uso de redes sociales» y «salud mental». Y es que la comunidad científica internacional todavía no ha alcanzado un consenso, no sólo sobre los resultados y sus interpretaciones, sino sobre cómo medir, de una forma consistente y comparable, la correlación entre estos dos fenómenos de por sí muy complejos. Y correlación no es causalidad; diversos factores intervienen de forma compleja sobre estos fenómenos, y el contexto social importa.
Según los metaanálisis ya mencionados, aquellos estudios más sensibles al contexto social han encontrado que los efectos del uso de redes sociales entre jóvenes no son generales, sino que dependen de la pertenencia a grupos más o menos vulnerables, o con mejores o peores herramientas para navegar los desafíos de la tecnología. Mientras que entre un 10 y un 15 % de jóvenes sufrirían efectos negativos, otro tanto se benefician de efectos positivos, pero para la mayoría de jóvenes, la tecnología no tendría ningún efecto identificable en la salud mental. Además, entre quienes sí sufren efectos negativos, la tecnología nunca es el único factor que lo explica. Existen otros factores decisivos, como los antecedentes personales y familiares de salud mental, o la pertenencia a grupos minorizados y discriminados. Pero al enfocar en la tecnología como “la” causa del problema, se le quita atención a otras posibles intervenciones, más concretas y personalizadas, que podrían ser mucho más eficaces que la prohibición de las redes.
En Uruguay, podemos mencionar el reciente trabajo de Karina Colombo, Elisa Failache y Martina Querejeta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, que analiza la correlación entre el avance del despliegue de fibra óptica en el país y la peor situación de salud mental reportada por la Encuesta Nacional de Juventud (ENAJ). Sin embargo, según el equipo de investigación, los resultados obtenidos son ambiguos. Y no se desprende de ellos la necesidad de prohibir redes o aplicaciones, sino de continuar investigando.
De la evidencia científica a las prioridades políticas
A la luz de esta débil evidencia científica sobre el efecto de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y jóvenes, ¿por qué ahora se prioriza, entre todas las preocupaciones en relación a estas edades, justamente este tema? ¿Qué está pasando con otros temas importantes, como el de la pobreza infantil y juvenil, la violencia en los centros de estudio, la violencia vicaria, la explotación y el abuso sexual? Algunos de estos temas (que sin dudas son relevantes para la salud mental) han pasado por los titulares de noticias y los artículos de opinión, pero poco ha quedado de ellos en términos de políticas concretas y recursos reales para abordarlos.
Sin embargo, el tema de las redes sociales y la juventud parece hoy levantar la mayor alarma global. Tanto, que si lo dice un primer ministro británico o un presidente español, si lo pone entre las prioridades una alcaldesa o un gobernador estadounidense, debemos tomarlo como señal de que aquí también tenemos que encarar el tema con la mayor premura. Pero, ¿cuáles temas les preocupan a los y las jóvenes en primera persona? ¿Se les daría el mismo lugar en los titulares y parlamentos? Y si la tecnología es uno de esos temas, ¿cómo debería ser abordado, desde las necesidades de la juventud? Nada de esto se consulta con las y los jóvenes, sino que se pone sobre la mesa la disyuntiva más drástica: ¿prohibir o no prohibir?
De este modo, se sesga a la opinión pública y se confina la discusión a opciones binarias en un contexto de supuesta emergencia, aunque la evidencia científica y los organismos internacionales consideran que este no es el mejor enfoque. Las investigadoras del ya citado trabajo de la Udelar, al ser entrevistadas por La Diaria, dijeron: “Prohibir es lo más fácil, lo más difícil es apoyarlos para ver cómo usar la herramienta para los mejores fines. Intentemos acompañarlos”. El informe Kids Online Uruguay de Unicef Uruguay apunta en el mismo sentido, mientras que la propia Unicef considera que la restricción por edad no es una panacea, y que también conlleva riesgos y puede ser contraproducente. Por otro lado, Michael O’Flaherty, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, recomienda pausar el avance de medidas prohibicionistas y considerar el tema con cautela, enfocándose en regular los modelos de negocio de las grandes plataformas de manera compatible con los derechos humanos.
¿Juventud problemática?
Entonces, si al analizar el tema con una mínima profundidad encontramos que la investigación y los organismos de derechos humanos llaman a tener una gran cautela, ¿por qué vamos a plantearlo en términos de prohibición sí oprohibición no? Quizás lo que ocurre es algo bastante clásico: cuando los medios y los actores políticos agitan a la opinión pública sobre los «problemas de los jóvenes», generalmente lo hacen desde la alarma social.
Los temas favoritos para la política pública sobre juventud suelen ser aquellos en los que se percibe a la juventud como «problemática» (bajo rendimiento académico, consumo de drogas, jóvenes «ni ni», criminalidad infanto-juvenil, edad de inicio de las relaciones sexuales, edad para «decidir» sobre sexualidad e identidad de género, participación en subculturas y tribus urbanas, etc.). Si bien algunos de estos temas se pueden y deben abordar con seriedad, muchas veces el abordaje está plagado de estereotipos y prejuicios antijuventud. Ante estas alarmas, muchas veces en la historia se han requerido, y se han impuesto, prohibiciones, censuras y controles, y se ha legislado bajo la influencia del pánico moral.
Aunque también existen preocupaciones legítimas, como el acoso y la violencia en línea, tenemos que ser conscientes de que la prohibición, la vigilancia y el control afectan directamente la presencia del discurso juvenil en Internet. No podemos ignorar ni pasar por alto la relevancia que tiene Internet en la libertad de expresión para las y los jóvenes que también la utilizan para denunciar, protestar y organizarse. Las generaciones que nacieron en el siglo XXI están siendo protagonistas de movilizaciones en todo el mundo: frente al genocidio, el racismo, el machismo, la corrupción, el cambio climático y las desigualdades e injusticias. Estas protestas están estrechamente vinculadas a la acción juvenil en redes sociales.
La prohibición es también silenciamiento. Más aún cuando no se consulta a la parte protagonista en este asunto: las y los jóvenes. Este patrón de intervención sin la participación ni el consentimiento de la población directamente afectada ya lo hemos visto en Uruguay cuando, a mediados de 2025, ANEP estuvo a punto de implementar un proyecto piloto de reconocimiento facial como método de control de asistencia en el Liceo de Piriápolis. La oposición de la comunidad educativa –estudiantes, docentes y familias– no se hizo esperar, y el proyecto fue cancelado pocos días antes de empezar a implementarse. Este caso es un claro ejemplo de que la privacidad es un tema de preocupación en la comunidad, y sobre todo, es una señal de que a las y los adolescentes (y a sus familias) les importan sus derechos fundamentales frente al control tecnológico. Los mismos derechos que se ponen en riesgo con la verificación de edad para entrar a las redes sociales.
Prohibición y verificación de edad: riesgos para la libertad de expresión y la privacidad
La prohibición de uso de las redes a menores de cierta edad, al estilo de Australia, implica verificación de edad obligatoria. Esto no es otra cosa que la verificación de la identidad real de TODOS los usuarios para ingresar a las redes sociales y otros servicios digitales. No importa si mi nombre de usuaria es un seudónimo o si uso mi nombre y apellido reales: tendré que presentar una prueba oficial de identidad ante las mismas plataformas que utilizo para expresar desde simples aficiones hasta opiniones políticas o creencias religiosas.
Es necesario oponernos a la verificación de edad (e identidad), y a la prohibición al ingreso de menores de edad a las plataformas de internet. De forma simultánea pero independiente.
Ambas medidas son equivocadas, aunque no siempre se proponen juntas. No vale que nos digan «vamos a prohibir sin verificar la edad», o «vamos a verificar la edad, pero no para prohibir, solo para controlar los contenidos que ven los menores». La prohibición está mal porque restringe la libertad de expresión y vulnera el acceso a la información de los y las jóvenes. La verificación de edad está mal porque representa un riesgo para la privacidad y la libertad de expresión de todos los usuarios, jóvenes y adultos.
Esta “solución”, que es presentada ante el sentido común como sencilla y óptima, está llena de problemas. Podremos escuchar todas las promesas posibles de que la verificación de edad se puede hacer sin afectar la privacidad, pero lo cierto es que no existe un medio 100 % seguro para realizarla (al contrario, ya está quedando clara la vulnerabilidad de los métodos en uso).
Nos podrán decir que, sin verificación de edad, determinar un límite de edad para el uso de las redes sociales es ineficaz porque no se puede controlar. Pero lo que se nos pide a cambio, “por el bien de los chicos”, es permitirles a las grandes empresas tecnológicas amasar aún más datos sobre toda la población (y poner esos datos un poco más al alcance de gobiernos autoritarios y de delincuentes informáticos).
Cambiar el sujeto y el enfoque: de la prohibición de las redes para menores, a la limitación del modelo de negocios de las grandes plataformas
Cuando una preocupación social, por más legítima que sea, se plantea de forma binaria como en este caso (prohibir o no prohibir), el debate se empobrece. A menudo las voces críticas son cuestionadas: ¿entonces, qué proponen?, se nos pregunta. Y parece que tenemos que llegar con una solución superadora urgente en respuesta a la alarma social desatada. Devolvamos este desafío con otra pregunta: ¿por qué la respuesta es imponer una prohibición a los jóvenes, en lugar de regular el problemático modelo de negocios que enriquece a las grandes plataformas?
La gran mayoría de las plataformas comerciales, especialmente las redes sociales, se sustentan en un modelo de negocios centrado en la publicidad. Cuanto mayor sea el tiempo que les dediquen los usuarios, más anuncios se les puede mostrar y más información sobre sus patrones de conducta se puede obtener. Para mantener la atención de los usuarios, las plataformas diseñan intencionalmente ciertas características, como la ordenación de las publicaciones por popularidad en lugar de por orden cronológico, el desplazamiento infinito, la recarga de página «pull-to-refresh», la reproducción automática continua de videos, el perfilamiento basado en datos acompañado de recomendaciones personalizadas, las notificaciones para recuperar la atención de los usuarios tras su abandono de un servicio o una aplicación, entre otras.
Una de las justificaciones para poner un límite de edad a las plataformas, es que estas características de diseño serían adictivas. Si bien esta hipótesis no está respaldada por la evidencia, lo que sí ocurre es que los usuarios pierden agencia y control real sobre el contenido que pueden buscar, encontrar y seleccionar en línea. Es necesario que los usuarios vuelvan a tener el control sobre los contenidos que reciben, en lugar de que los contenidos sean controlados por grandes empresas capitalistas que diseñan sus productos para maximizar la ganancia, no la salud mental, el bienestar, la autonomía y la libertad de expresión.
Nuestra posición es que debe regularse el modelo de negocios de las grandes plataformas que toman decisiones de diseño perjudiciales, en lugar de trasladar la responsabilidad a los usuarios prohibiendo el uso o recortando derechos. Las redes podrían ser entornos mejores para jóvenes de todas las edades (no únicamente hasta los 16), con beneficios para toda la población, incluyendo las personas adultas, especialmente poblaciones más vulnerables, como adultos mayores y personas con problemas de salud mental.
Una legislación que avanzó en este sentido –aunque todavía dentro del paradigma de la adicción y la prohibición– es la del Estado de Nueva York, de 2024, que restringe el procesamiento de los datos de menores de edad, y limita fuertemente la priorización y selección algorítmica de los contenidos que se les presentan en la línea de tiempo (feed). También son pertinentes las recomendaciones del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que se orientan a exigir mayor transparencia a las plataformas y restricciones a la publicidad dirigida a menores, junto con herramientas efectivas para reportar acoso y violencia. Este tipo de propuestas va en línea con los principios orientadores para una futura legislación nacional sobre regulación de las grandes plataformas digitales que presentaron Datysoc y Observacom en 2025 en el Parlamento de Uruguay.
Este tipo de regulaciones, en última instancia, limitan los modelos de negocios algorítmicos, y por lo tanto no son las más fáciles de implementar.
El camino implica enfrentar verdaderamente el poder de lobby de las grandes compañías de Internet, que no quieren ver afectada la fuente de sus ganancias publicitarias, menos aún en medio de enormes guerras competitivas en el terreno de la inteligencia artificial. Esta será una batalla larga, que ningún Estado nacional o gobierno local puede realizar por sí solo, y que requerirá una importante coordinación internacional de largo aliento. De hecho varios gobiernos de la región ya han detectado la necesidad de impulsar un enfoque regional de regulación para una efectiva aplicación de las leyes de los países latinoamericanos frente a las grandes plataformas tecnológicas.
Mientras la regulación de plataformas avanza, con todas sus complejidades y conflictos, ¿qué se puede hacer de forma pragmática, en el corto y mediano plazo, para asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet? Reconocer la importancia de la educación y fomentar la responsabilidad de familias y centros educativos en la regulación de los tiempos en pantalla para las niñas, niños y adolescentes. Reconocer también la necesidad del gradualismo al momento de plantear pautas y recomendaciones de uso de las plataformas digitales, ya que las mismas lógicas y límites que son adecuados para niños de 5 años no tienen porqué serlo para un adolescente de 15 años. Reforzar políticas públicas adecuadas para el acompañamiento, la formación técnica actualizada, la alfabetización digital crítica y el acceso a servicios de salud mental.
En definitiva, exijamos intervenciones reales e integrales, comprendiendo que muchas veces las intervenciones en apariencia más fáciles, no son siempre las mejores.
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