Patricia Díaz, coordinadora de Datysoc, estuvo hoy en el programa Desayunos Informales de canal 12 hablando sobre el peligro de los artículos 181 y 182 de la ley de presupuesto que instauran una base de datos de reconocimiento facial con fines de seguridad pública. La invitación surgió a causa del interés que despertó el artículo «¿Vigilancia estatal basada en identificación facial en Uruguay?» que Datysoc publicó la semana pasada en La Diaria, y cuya versión ampliada está disponible aquí.

Entre lo más destacado de la entrevista, Díaz señaló que el reconocimiento facial choca con los principios de necesidad y proporcionalidad que constituyen un pilar importante de los derechos humanos. Explicó que esta tecnología es ampliamente cuestionada en Europa y Estados Unidos, donde se demostró que produce falsos positivos con mayor frecuencia en personas de piel oscura y mujeres, lo que llevó a que fuera prohibida en varias ciudades y estados de Estados Unidos. Las personas detenidas no son el único problema serio: incluso en el caso de que la tasa de falsos positivos se redujera, la mera existencia de la base de datos plantea un problema de seguridad para toda la población, al estar expuesta a posibles filtraciones y a usos inapropiados por parte de las fuerzas de seguridad. Pero incluso si todo funcionara bien, la vigilancia masiva de toda la ciudadanía no guarda proporción con el fin que supuestamente se busca perseguir, que es reducir el delito. Para graficarlo, Díaz ejemplificó: «Supongamos que en algún momento llega a ser eficiente. Entonces también podemos avanzar un paso más y ponerle un chip a cada niño que nace.»

Desde Datysoc proponemos que el Parlamento retire los artículos 181 y 182 de la ley de presupuesto y que el reconocimiento facial reciba el debate que la sociedad uruguaya merece.


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