Montevideo, 25 de Noviembre de 2021
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestra preocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DMCA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
- Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
- Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
- Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
- Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Firman:
- Access Now
- Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
- AMARC ALC
- Asociación de la Prensa Uruguaya
- Asociación TEDIC (Paraguay)
- Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
- CAInfo (Uruguay)
- Cieenpre Juntos (Uruguay)
- Cotidiano Mujer (Uruguay)
- Creative Commons Uruguay
- Data Uruguay
- Datysoc (Uruguay)
- El Abrojo (Uruguay)
- Fundación Karisma (Colombia)
- Fundación Vía Libre (Argentina)
- Hermandad Pro Derechos Uruguay
- Hiperderecho Perú
- IFEX-ALC
- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
- Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
- Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
- ISICRI (Perú)
- OBSERVACOM
- ONG Acción Constitucional (Chile)
- Open Knowledge Foundation
- PODER Latam
- Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
- Uruguay Transparente
- Usuarios Digitales (Ecuador)
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