Cuando en mayo de 2020, el gobierno uruguayo anunció el uso de las notificaciones de exposiciones en la app Coronavirus Uy las preguntas de los y las usuarias no tardaron en llegar. En medios de comunicación y redes sociales surgían voces que, preocupadas por el uso de esta nueva tecnología, se preguntaban acerca de las posibilidades y los límites de la iniciativa a la que se sumaba Uruguay mientras se atravesaba un momento de gran incertidumbre global. 

¿Qué información guardaría la aplicación? ¿Quienes accederían a la ubicación y contactos de las personas infectadas? ¿Cómo se gestionarían las notificaciones? ¿Por qué se había elegido esa solución y no desarrollar una propia? ¿Dónde estaría almacenada la información? ¿Qué pasaría con la aplicación una vez que el coronavirus se fuera? Estos eran algunos de los legítimos cuestionamientos del público uruguayo. 

Quizás por su tamaño, o su reconocimiento global como una de las democracias más fuertes de la región, Uruguay era elegido como uno de los primeros países para implementar la nueva tecnología sobre “alertas de exposición” a personas con COVID- 19, desarrollada por Google y Apple. 

Las preocupaciones que muchas personas podían tener por el uso de sus datos en la nueva aplicación se pueden enmarcar dentro del concepto más amplio de la gobernanza de datos. Un mundo cada vez más digitalizado y con posibilidades de generar nuevos datos con cada conducta o interacción, trae consigo la necesidad de pensar cómo se van a gestionar y tomar decisiones sobre ellos. Además de los beneficios de la transformación digital y las nuevas soluciones a problemas complejos, como el caso del coronavirus, requiere un análisis en detenimiento sobre el marco legal de protección de los derechos humanos fundamentales implicados, los riesgos, la rendición de cuentas y la transparencia.

Mientras asistimos a procesos de digitalización y a la implementación de nuevas tecnologías, surgen necesariamente debates acerca de la forma y el fondo de las decisiones a adoptar. Así como en el caso de las notificaciones de rastreo, en la gobernanza se entremezclan cuestiones de derechos digitales, como la privacidad, la apertura de datos y la ciberseguridad, junto con aspectos de políticas públicas como la gestión de datos y las participaciones público-privadas. 

A partir de este marco, desde DATYSOC, con el apoyo del proyecto de gobernanza de datos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abierto (ILDA), nos proponemos estudiar cuál es el estado de la gobernanza de datos en Uruguay. Si bien el país ocupa los primeros lugares en los rankings sobre índices democráticos y desarrollo de gobierno digital, es necesario preguntarse si ello se traduce en lineamientos y acciones cuando se habla de la gestión de los datos, para así hablar de una gobernanza democrática de datos.

Es por ello que en este proyecto se buscará conocer qué condiciones tiene el país para el desarrollo de una gobernanza que involucre a todas las personas e instituciones, así como cuáles son los mecanismos para la rendición de cuentas en estos temas. A partir del relevamiento de casos se pretende conocer qué características y funciones son necesarias para que la gobernanza se convierta en un reflejo de los valores democráticos del país.


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