Por Ana Tuduri y Matías Jackson

Como comentamos en nuestro último post, desde Datysoc con el apoyo de ILDA estamos analizando cómo le va a Uruguay en la construcción de una gobernanza democrática de los datos. Nos pusimos a investigar las condiciones del país para construir una gobernanza que involucre a todas las personas e instituciones. A partir del relevamiento de casos buscamos conocer qué características y funciones ha reflejado Uruguay en su forma de gestionar los datos y los proyectos de digitalización.

Así fue que nos encontramos con un fuerte marco jurídico que, al menos en los papeles, otorga garantías para la defensa y protección de los derechos humanos en la era digital. Leyes como la de protección de datos personales o la de acceso a la información pública son reflejo de los estándares internacionales en la materia y brindan un marco adecuado en lo institucional y legal. Además, el país cuenta con algunas líneas directivas, sobre todo provenientes de la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC, que pretenden contemplar los diferentes actores e intereses sobre el tema. 

Sin embargo, cuando dejamos los papeles y vamos a las prácticas, hay algunos puntos a mejorar. Identificamos que muchas de las iniciativas que los organismos públicos emprenden en torno a los datos carecen de continuidad en el tiempo y responden a denuncias o situaciones puntuales que luego son abandonadas. Si bien muestran participación de múltiples sectores y se plantean líneas de trabajo adecuadas, al tiempo suelen ser desarticuladas y dejar de funcionar. Así pasó por ejemplo con grupos de trabajo creados dentro del Plan Ceibal o Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, las participaciones por fuera del sector público son más difíciles de mapear. Tanto las empresas como la sociedad civil aún no han construido una lógica y un discurso propio de participación en el intercambio y control de datos. Los espacios son auspiciados y dependen en gran medida de las líneas impulsadas desde AGESIC y en general, las marcadas por el gobierno. 

Así por ejemplo, el involucramiento del sector privado existe espacio para mejorar y generar oportunidades de intercambio.  En este sentido, es difícil encontrar experiencias donde se compartan datos entre actores de diferentes sectores o enfoques de cooperativas de datos que podrían generar beneficios a la ciudadanía y aprendizajes para los involucrados y se encuentran siendo exploradas en otros países. Un ejemplo aislado es la iniciativa del Instituto Nacional de Estadística que se encuentra utilizando datos de las operadoras móviles públicas y privadas para evaluar estadísticas de movimiento. 

Quizás los principales factores detrás de esta carencia es  la falta de motivación para invertir tiempo y recursos en compartir datos, así como algunas limitaciones legales vinculadas a la protección de la privacidad de los datos, los derechos de los consumidores y las normas de competencia. Para impulsar un mejor diálogo público privado, se recomienda generar un sistema de incentivos para el intercambio de datos y otorgar presupuesto para concretar iniciativas que involucren a este sector.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil han ido construyendo su participación principalmente desde el área de la transparencia y los movimientos de datos abiertos. Es posible observar que las organizaciones sociales han participado cumpliendo diferentes roles. En algunos casos han actuado desde la coparticipación y co-creación de espacios como en los Planes de Gobierno Abierto y en otros con roles más de demanda sobre la toma de decisiones de los datos, como ocurrió en las cartas abiertas exigiendo mayor transparencia sobre el Convenio Google-Ceibal en 2015 o los datos deCovid-19 en 2020.

Si bien ha participado en diferentes instancias y desde diferentes posiciones, no fue posible identificar una construcción propia de  qué se entiende por gobernanza desde la sociedad civil organizada. Su participación en estos temas se ve, en muchas ocasiones, condicionada a los espacios generados desde el gobierno, con las dificultades y limitaciones que ello implica. Esto puede a su vez impactar en su capacidad para mantener la participación a lo largo del tiempo por falta de recursos. En este sentido se deberían generar  mayores garantías y formas de participación que no se limiten a las organizaciones estrictamente vinculadas a temas digitales para que se sostenga en el tiempo y su incidencia sea efectiva. 

En conclusión, Uruguay muestra una sólida institucionalidad, un marco legal adaptado a los estándares internacionales y varias incipientes experiencias que demuestran cierto interés por avanzar en una gobernanza democrática. Sin embargo, aún hay lugar para llevar los papeles a la práctica. Es necesario avanzar en la construcción de lugares de mayor participación e intercambio en la forma de gestionar los datos, con mayor involucramiento del sector privado y la sociedad civil. 

Posibles líneas de acción

Para no quedarnos con los brazos cruzados proponemos algunas líneas que pueden ser atendidas para seguir avanzando y consolidar prácticas más democráticas en la gobernanza de datos.

  • Institucionalizar espacios de gobernanza de datos para que estos tengan continuidad en el tiempo y pasen a integrar los procesos de toma de decisión de los organismos. 
  • Evaluar la experiencia de los consejos consultivos de las Unidades de Datos Personales, Acceso a la Información y Certificación Electrónica teniendo como referencia su constitución en normas de rango legal desde hace más de diez años y su integración multisectorial.
  • Reforzar el rol de los consejos consultivos dotándolos de mayor relevancia en las decisiones de los organismos, ampliando su composición y garantizando sus recursos así como la continuidad en el tiempo.
  • Avanzar en la interoperabilidad y transversalidad de perspectiva en la construcción de los datos que se generan por parte de las diferentes instituciones.
  • Potenciar la reutilización de datos abiertos generados por instituciones públicas por parte de empresas privadas para generar valor agregado a la sociedad.
  • Ampliar las experiencias de intercambio de datos entre instituciones públicas y empresas privadas mediante la generación de incentivos para que las organizaciones compartan o la creación de intermediarios que se encarguen de velar por los intereses de todas las partes involucradas.
  • Generar desde la sociedad civil una concepción de lo que significa una gobernanza democrática de datos y ampliar la participación de organizaciones no directamente involucradas en tecnología.
  • Promover una efectiva participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios de gobernanza que existen y a crearse. Las experiencias de gobierno abierto y transparencia parecen ser aquellas en donde se generan mayores intercambios y su evaluación es necesaria para recabar aprendizajes de cara a nuevas formas de participación.
  • Avanzar en los mecanismos de aplicación que permitan garantizar los derechos de las personas con respecto a sus datos frente a las grandes plataformas de internet.

Imagen por  DaniMaiz, bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 


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