El 29 de abril comenzará el Censo 2023 en Uruguay. El censo permitirá actualizar la información sobre la población, los hogares y las viviendas de nuestro país. Se trata de un proceso trascendente, dado que la información que se obtenga será clave para desarrollar políticas públicas y apoyar la investigación. El último censo se realizó en 2011, y si bien el actual corresponde a la ronda 2020 de censos de población y vivienda, la pandemia de covid-19 obligó a postergarlo.

La gran novedad que trae este censo es un formato híbrido que combina dos modalidades: el censo presencial tradicional y un censo digital que permitirá que las personas se autocensen a través de Internet.

En este marco, la inclusión por primera vez en la historia uruguaya de la cédula de identidad en el cuestionario censal, genera una legítima y fundada preocupación sobre la protección de datos sensibles de las personas. Según el sitio web del censo y el formulario del censo experimental de 2022, el cuestionario sobre personas, tanto en la modalidad presencial como en la digital, incluye dos preguntas sobre el documento de identidad. En primer lugar se pregunta: “¿Tiene cédula de identidad uruguaya?” y en caso afirmativo, se pide el número de cédula. Si la persona no tiene cédula de identidad uruguaya, se le pregunta: “¿Tiene documento extranjero?” y se le pregunta el país emisor del documento extranjero, el tipo y el número de documento. A esto se suma la solicitud del nombre y apellido de cada persona, así como del nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico de la persona informante.

La incorporación de la cédula de identidad en el censo obliga a reflexionar sobre la importancia del anonimato para proteger los derechos fundamentales de las personas y también para obtener resultados de calidad. A continuación analizamos cada uno de estos aspectos.

El problema

La expectativa de anonimato es un pilar fundamental de todo censo, dado que es la manera más sólida de generar confianza en la población a la hora de brindar datos sensibles sobre sí mismas y sus familiares, incluyendo el origen étnico, datos de salud, identidad de género y situación migratoria.

La Ley 18331 de Protección de Datos Personales establece que un dato sensible es todo dato que revele el origen racial y étnico, las preferencias políticas, las convicciones religiosas o morales, la afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. Estos datos gozan de una protección especial debido a los perjuicios que puede causar un uso inapropiado de los mismos.

La explicación oficial para incluir la pregunta acerca de la cédula es que ”el número de documento de identidad de las personas del hogar es particularmente valioso en el marco de la existencia de distintas formas de relevamiento en el Censo 2023 (presencial y digital) y contribuye a evitar que las personas sean censadas en más de un hogar.” En las preguntas frecuentes se afirma que “la convivencia de dos modalidades de recolección (censo digital y censo presencial) podría generar duplicaciones para cuyo control la cédula es un factor clave.”

Varios antecedentes permiten poner en duda esta explicación. Por un lado, censos recientes, como el censo del Reino Unido de 2021, incluyeron la modalidad digital pero no preguntaron por el número de documento. De hecho, en el Reino Unido no existe cédula de identidad, lo que no impidió realizar el censo en línea.

Por otra parte, el censo de Uruguay de 2011, al igual que el actual, se hizo en un formato extendido en el tiempo. En aquella oportunidad se logró lidiar con la posibilidad de que una persona se censara en dos lugares sin necesidad de pedir el número de cédula. Alcanzó con informar claramente a la población que cada persona se tenía que censar una sola vez en su domicilio real.

Los riesgos para los derechos fundamentales

A lo largo de las últimas décadas, el censo ha ido incorporando preguntas para relevar información sobre aspectos como la ascendencia étnica, la identidad de género o la discapacidad. En muchos casos, la incorporación de las preguntas ha sido una conquista de movimientos sociales, dado que la nueva información relevada ha permitido implementar políticas públicas en favor de poblaciones vulnerables. Sin embargo, la inclusión de esta valiosa información al censo no ha ido acompañada de medidas adicionales para proteger el anonimato. La recolección de datos sensibles asociados unívocamente a la identidad de las personas conlleva el peligro del uso indebido o la filtración de los datos, lo que puede terminar reforzando la discriminación de personas vulnerables.

La seguridad de la información y la protección de datos personales son desafíos cada vez más complejos en el entorno digital. Un día sí y otro también, en todo el mundo se dan a conocer filtraciones de bases de datos y accesos no autorizados a datos personales y sensibles. En 2020 la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay sufrió una filtración que expuso los datos personales de más de 80 mil personas, incluyendo nombres, apellidos, fecha de emisión y vigencia de la cédula, foto del rostro y firma. A fines de 2022, un ataque a los sistemas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) provocó la filtración de los datos de más de 200 mil niños, niñas y adolescentes. En 2022 también se produjo una filtración de información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Estos repetidos episodios revelan deficiencias en las prácticas de seguridad de la información del gobierno uruguayo, aun cuando la filtración de los datos custodiados puede afectar negativamente e incluso poner en riesgo a muchas personas.

Los datos censales asociados a las cédulas pueden ser especialmente valiosos para eventuales atacantes, dado que ofrecen información detallada sobre toda la población del país. Esa información puede luego venderse para fines comerciales o de inteligencia, entre otros. Tener esto en cuenta es fundamental para comprender que, si se busca garantizar la privacidad y seguridad de las personas censadas, no alcanza con el secreto estadístico que obliga por ley a tratar los datos censales de manera confidencial.

La expectativa legítima de anonimato se aborda en diversas etapas de un censo. En el momento de la entrevista, la confidencialidad es parte del acuerdo que las personas aceptan al momento de ser censadas. Más tarde, cuando se consolida la base de datos del censo, son esenciales las buenas prácticas de anonimización de datos para que no se vincule la identidad de una persona con sus respuestas. Sin esta salvaguarda, los microdatos censales no pueden quedar disponibles para su acceso y procesamiento. 

Pero la confidencialidad de la entrevista y posterior anonimización de los datos no son medidas suficientes para proteger los datos personales, algunos de ellos sensibles, de las personas censadas. La única manera efectiva de evitar filtraciones o usos inapropiados de datos sensibles es, antes que nada, no recopilar la información que sea innecesaria para los fines buscados y que identifique unívocamente a las personas.

Una tendencia preocupante

La pregunta por la cédula de identidad es sin duda la más problemática en el censo 2023 de Uruguay, dado que permite identificar unívocamente a cada persona. Sin embargo, esta pregunta viene acompañada de la recopilación de otros datos que permiten identificar a las personas censadas, incluyendo el apellido, el teléfono y el correo electrónico. Cuando se analiza esta cuestión en su conjunto, lo que vemos es una preocupante tendencia no solo en Uruguay, sino en toda la región, a incorporar cada vez más datos identificatorios.

En Argentina y Brasil, por ejemplo, hasta 2010 se relevaban los datos de las personas preguntando únicamente el nombre de pila, con el fin de proteger el anonimato. Sin embargo, en el censo de 2022 Brasil agregó en el cuestionario censal un campo para registrar el apellido de las personas.

El caso de Argentina es especialmente relevante para esta discusión. En ese país existió desde siempre una tradición sólida de anonimato en los censos. Las personas censadas son registradas únicamente por su nombre de pila. Sin embargo, durante la planificación del censo argentino de 2022, se incluyó de forma preliminar en el cuestionario censal una pregunta acerca del número de DNI. Este hecho provocó preocupación en la opinión pública y en organizaciones de derechos humanos, que criticaron la medida y lograron que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) retirara la pregunta del cuestionario. Un informe de la Fundación Vía Libre narra los hechos con detalle. A pesar de este logro de la sociedad civil, la implementación final del censo digital en Argentina obligó a las personas que se autocensaban de manera digital a introducir su documento de identidad para que el sistema las validara, mecanismo que fue objetado dado que no era estrictamente necesario para el funcionamiento correcto del sistema. Un conjunto de organizaciones interpusieron un recurso de amparo para que el Indec se abstuviera de pedir el DNI en el censo. Si bien el recurso fue rechazado, es de suma relevancia que para el rechazo se tuvo en consideración que la pregunta relativa al DNI no estaba incorporada en el cuestionario censal y no era requerida en la modalidad presencial del censo, sino que solo se utilizaba el número de DNI como método de validación informática para acceder al formulario digital. 

Afectación a la calidad de los datos

Responder las preguntas del censo es obligatorio. Pero la buena predisposición de la población es fundamental para obtener datos de calidad. La introducción de preguntas que generan desconfianza en la población puede dar como resultado que las personas no sean sinceras al responder. Veamos algunos ejemplos:

• ¿Qué grado de confianza pueden tener las personas migrantes para responder con sinceridad las preguntas del censo, que incluyen datos sensibles y pueden revelar una situación migratoria irregular, si el cuestionario pide nombre, apellido y número de documento?
• ¿Con cuánta tranquilidad pueden responder las personas sobre su salud, situación laboral o identidad de género si al mismo tiempo se les exige brindar datos identificatorios?

Un cambio tan relevante en el censo como la incorporación de la cédula de identidad requiere un previo debate público para conocer la conformidad o disconformidad de la población con respecto a la medida. De otra manera, no solo se afectan derechos de las personas, sino que también puede verse afectada la calidad del censo.

Un problema más general

La cédula de identidad está naturalizada en Uruguay como la forma de acceder a múltiples servicios públicos y privados en línea. De hecho, la ID Uruguay se basa en la cédula y es la conexión de la ciudadanía con diversos organismos estatales que ya recopilan una gran cantidad de información sobre las personas, información que queda asociada al número de cédula. Esta fuerte tendencia, impuesta desde el sector público y también desde el privado, al uso cada vez más ubicuo de la cédula de identidad para servicios y trámites que no necesariamente la requieren, excede el problema puntual que estamos tratando, pero forma parte del contexto y sin dudas dificulta el debate sobre la incorporación de la cédula en el censo.

Es común escuchar que la privacidad ha perdido relevancia social y que las personas ya tienen naturalizado compartir una gran cantidad de datos personales. Desde Datysoc sostenemos que, por el contrario, los riesgos son cada vez mayores, están cada vez más documentados, y la ciudadanía está dando cada día el debate de la privacidad. Los argumentos del tipo “si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer” son apenas una forma de silenciar una preocupación social creciente. Y esta preocupación no debe ser ignorada al momento de diseñar el cuestionario de una herramienta tan general y exhaustiva como el censo de población, hogares y viviendas.

Imagen: Cédula de Identidad electrónica de Uruguay – Frente, por Rodrigo.bermudez en Wikimedia Commons bajo licencia CC BY-SA 4.0.